Rafael Muñoz Canessa – Máster en Relaciones internacionales y Ciencias políticas.- Columnista de El Ciudadano Digital-
14 de junio de 2026: La violencia ejercida por la izquierda totalitaria no puede entenderse como un accidente histórico ni como una simple respuesta desesperada a contextos de desigualdad. Su uso ha estado ligado, más bien, a una concepción ideológica que convierte el conflicto en ley de la historia y al adversario en un obstáculo moralmente prescindible. Desde esa lógica, la violencia deja de ser una excepción trágica para convertirse en instrumento político, método de conquista y símbolo de pureza revolucionaria. El problema es que, cuando una doctrina cree poseer el monopolio del bien, termina justificando cualquier atrocidad en nombre de un futuro supuestamente redentor.
Esa matriz encuentra una de sus raíces más citadas en la tradición marxista revolucionaria, particularmente en la idea de que la fuerza actúa como partera de una nueva sociedad. En su versión más estricta, el marxismo-leninismo argumentó que el Estado es simplemente la violencia organizada de una clase contra otra. Por lo tanto, su cambio no podía hacerse mediante un debate democrático, sino a través de una ruptura violenta del orden actual. El razonamiento era tan sencillo como peligroso: si el sistema entero es opresión, entonces golpearlo por cualquier medio sería no solo legítimo, sino necesario. Allí comienza una pendiente resbaladiza que termina por borrar toda frontera entre acción política y fanatismo destructivo.
En sus expresiones más extremas, esa visión se agudizó con doctrinas como el maoísmo y el anarquismo insurreccional, donde la acción violenta se elevó a pedagogía revolucionaria. La llamada “propaganda por el hecho” planteaba que un atentado, un sabotaje o un asesinato podían hablar con más eficacia que cualquier manifiesto. El objetivo no era solo destruir un símbolo del poder, sino demostrar que el régimen podía ser herido y que la sublevación era posible. El problema, por supuesto, es que esta lógica no espera ni escucha a la sociedad real: actúa en su nombre sin consultarla, sustituyendo la deliberación por el estruendo de las armas y la voluntad popular por la decisión de una vanguardia convencida de su propia superioridad moral.
Para que esa violencia pueda sostenerse, es necesario algo más que doctrina: hace falta deshumanizar al otro. De ahí la persistencia de una mirada maniquea, donde el mundo se divide entre víctimas puras y opresores absolutos. El enemigo de clase deja de ser una identidad concreta y se transforma en una categoría abstracta, casi una no persona, a la que se le pueden negar compasión, derechos y hasta el derecho a existir. Cuando se llega a ese punto, la moral desaparece del debate público y la violencia se reviste de una apariencia de limpieza histórica. Lo que en realidad se produce no es emancipación, sino la cancelación radical del pluralismo y de la dignidad humana.

“Redes Neuronales: La Mente Artificial”: Una obra apasionante, de lectura entretenida pero técnica y rigurosa en algunos capítulos, que mantiene al lector expectante a medida que avanza en la lectura.
¿Las IA piensan o algo parecido? Es la pregunta que los investigadores más serios de la Inteligencia Artificial se hacen en voz baja en los laboratorios informáticos, cuando nadie los escucha. Y es la pregunta que investiga “Redes Neuronales: La Mente Artificial”, la nueva obra escrita de Miguel Angel Ducci. Un libro técnico, académico, clásico y muy riguroso.
La experiencia histórica ofrece ejemplos elocuentes.
Sendero Luminoso, en el Perú, mostró hasta dónde puede llegar una organización que convierte la sangre en argumento político. No atacó únicamente a funcionarios o agentes estatales: también asesinó a dirigentes vecinales, autoridades locales y líderes comunitarios, precisamente porque encarnaban formas de legitimidad ajenas a su dogma. La revolución, en esa lógica, necesitaba destruir no solo al Estado, sino también a toda comunidad que pudiera resistirse a su proyecto. El saldo fue devastador: pueblos sometidos al terror, instituciones arrasadas y una población atrapada entre la violencia insurgente y la represión estatal. Nada de ello se pareció a la justicia social prometida.
Conviene decirlo con claridad: la pobreza, la desigualdad o la exclusión no convierten el terrorismo en una respuesta moralmente aceptable. Es cierto que las crisis sociales generan frustración, rabia y desesperanza. Sin embargo, de allí no se sigue que el asesinato, el secuestro o el terror sean formas legítimas de acción política. La investigación en historia y sociología muestra que la violencia en las revoluciones no es algo que tenga que pasar por la injusticia, sino una elección de grupos con ideologías que intentan forzar lo que no pueden lograr de forma democrática. Y cuando lo consiguen, el resultado suele ser aún peor: más hambre, más persecución, más ruina para aquellos mismos sectores en cuyo nombre dicen actuar.
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