Subsecretaría de FFAA amarrará cargos por más de $4 millones antes del cambio de mando

Los diputados de la Bancada UDI, Jorge Alessandri y Sergio Bobadilla, denunciaron que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (FFAA), encabezada por Galo Eidelstein (PC), estaría intentando dejar “amarrados” tres cargos de alta jefatura antes del cambio de gobierno, con remuneraciones que superan los $4 millones mensuales.

Según acusaron los parlamentarios, en las últimas semanas la repartición dependiente del Ministerio de Defensa abrió tres concursos públicos —uno a inicios de noviembre y dos a mediados de diciembre— para proveer las jefaturas de los departamentos de Políticas Institucionales, Adquisiciones, y Estudios y Análisis.

Lo que llamó la atención de los diputados gremialistas es que los tres cargos contemplan una remuneración bruta de $4.275.689 y que el proceso de selección finalizaría entre el 17 y el 23 de febrero de 2026, es decir, apenas dos semanas antes de que asuma la próxima administración.

A ello se suma, indicaron Alessandri y Bobadilla, que uno de los requisitos para postular es ser funcionario de planta o a contrata, lo que a su juicio “confirma la intención de acomodar a personas ya vinculadas con la actual administración”.

La ofensiva de la UDI se enmarca en la polémica generada por la incorporación del principio de “confianza legítima” en el protocolo del reajuste al sector público, impulsado por los ministerios de Economía y Trabajo. De aprobarse, dicha norma podría generar una virtual inamovilidad de miles de funcionarios a contrata, condicionando a la futura administración.

“Sabemos que el Gobierno va a argumentar que se trata de concursos vinculados a la carrera funcionaria, pero es evidente que este discurso se utiliza para legitimar nombramientos que probablemente ya están definidos. El verdadero objetivo es blindar a personas afines antes del cambio de mando”, señalaron los parlamentarios.

En ese contexto, ambos diputados enviaron oficios al Ministerio de Defensa y a otras reparticiones del Estado, luego de detectar que existen otros concursos públicos como el de la Subsecretaría de FFAA, cuyos resultados también se definirían en febrero.

“Aquí hay una maniobra burda y deliberada para capturar el Estado y asegurar cargos estratégicos para operadores del actual gobierno, con la anuencia del Presidente Gabriel Boric, quien llegó prometiendo terminar con los pitutos y

hoy transforma al Estado en una agencia de empleo”, concluyeron desde la Bancada UDI.

"Un amarre": La medida del Gobierno que impediría a Kast aplicar despidos de actuales funcionarios

Uno de los puntos más controvertidos del reajuste del sector público será sin duda lo que la oposición calificó como “una norma de amarre”: se trata de una disposición que incluyó el actual Gobierno y que limitaría futuros despidos de los funcionarios del aparato estatal.

La medida compromete directamente a la próxima gestión que encabezará el presidente electo José Antonio Kast; y ha generado un fuerte rechazo en la oposición, que acusa que se busca asegurar la permanencia de “los amigos y operadores políticos de esta administración”.

La “norma de amarre”

El reajuste del sector público no ha estado exento de polémicas. El proyecto aún no ingresa formalmente al Congreso y ya quedó sin el respaldo de dos de las 16 organizaciones de la mesa del sector público, porque la propuesta del Gobierno no los dejó conformes.

Pero entre los puntos que sí tuvieron acuerdo transversal destaca una norma que garantiza una mayor estabilidad laboral los trabajadores del aparato estatal.

Lo anterior, se trata de una disposición que comprometería directamente al próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, ya que apuntaría a restringir el despido de funcionarios. 

La petición de incluir ese punto fue hecha por los propios gremios y no deja de ser polémica.

La norma dispone que lo siguiente:

"La no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República (segundo piso), delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables”.

Asimismo, establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad (errores-incumplimientos) por no renovación o renovación en condiciones distintas”.

Y en caso de que se dé dicho escenario, la Contraloría sólo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, dijo que con esa norma se busca generar mecanismos de defensa para que los funcionarios puedan entrar a un procedimiento de evaluación de su desempeño “y no ocurra lo que pasó en el primer gobierno de Sebastián Piñera”. 

Añadió que la oposición “viene hace un año fustigando a los funcionarios” y amenazando con “despidos”.

Sin embargo, eso no es todo: también se incorpora “una norma que regula al personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales, Seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente”.

Sobre ellos establece qué condiciones tendrán sobre su modalidad de contratación, causales de cese y remuneraciones.

Críticas

Toda esta situación ha generado un rechazo absoluto en la oposición, que señaló que se trata de una “norma de amarre totalmente inaceptable”.

El diputado Republicano, Agustín Romero, comentó que “esto supera el espíritu propio de la ley y solo se busca amarrar a activistas y operadores políticos de este Gobierno”.

Opinión similar tuvo el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien refutó que una disposición así establece “una suerte de inamovilidad de los actuales partidarios” de la administración del presidente Gabriel Boric. A su juicio, se trata de una especie “de corralito” que dificultaría incluso remover a quienes gozan de cargos de confianza.

Por todo, con la mencionada norma se complicaría aún más las discusiones que deben darse en el Congreso durante la primera semana de enero.