¿Cuándo los medios en Chile se volvieron propaganda??

Rafael Muñoz Canessa - Columnista/  El periodismo chileno vive una crisis que no se explica sólo por las redes sociales ni por los cambios tecnológicos, sino por una renuncia más profunda: la de describir la realidad, aunque contradiga la ideología dominante en las salas de prensa. El estallido de 2019 y el caso del cabo Sebastián Zamora no son episodios aislados, sino la demostración de cómo los medios locales decidieron abrazar un relato militante, incluso a costa de deformar los hechos y sacrificar personas concretas en el altar de la causa.

Durante décadas, fue posible criticar el sesgo de El Mercurio, La Tercera o TVN, pero existía al menos un respeto básico por la verificación, la versión de la otra parte y la prudencia antes de acusar a alguien de un delito grave. Hoy, en cambio, una parte importante del periodismo opera con la lógica del activismo: primero se define quién es el villano (Carabineros, la derecha, el “modelo”), luego se seleccionan las imágenes, testimonios y cifras que confirman esa visión, y todo lo que la contradiga simplemente se omite o se minimiza. El resultado es una cobertura donde la complejidad desaparece y el ciudadano recibe una moralina polarizada en lugar de información completa.

El estallido de octubre de 2019 fue el laboratorio perfecto de este periodismo militante.

Mientras ardían estaciones de Metro, supermercados, edificios públicos y comercios de barrio, una parte de la prensa insistía en hablar de “protestas pacíficas” y de un “despertar” ciudadano casi épico, en el que cualquier referencia a saqueos, ataques a cuarteles o destrucción masiva era tratado como una distracción reaccionaria o, peor aún, como “negacionismo”.

La palabra “insurrección violenta” prácticamente desapareció del vocabulario televisivo, aunque las cifras de comisarías atacadas, iglesias incendiadas y pymes arrasadas indicaban que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de una simple marcha ciudadana por la dignidad.

Esta narrativa no fue inocua. Si el único marco aceptable es el del “pueblo indignado” enfrentado a una “represión brutal”, entonces todo lo que no encaje con ese guion debe ser escondido debajo de la alfombra. Las agresiones a Carabineros, los miles de funcionarios heridos, los cuarteles sitiados y los barrios que empezaron a ser controlados por bandas criminales no calzaban con el mito romántico del estallido y, por tanto, fueron relegados a notas marginales o tratados con indulgencia. En paralelo, la figura del policía quedó reducida al estereotipo del verdugo, un “paco asesino” al que se le puede gritar de todo en cámara sin que ningún conductor se pregunte qué consecuencias tiene normalizar ese discurso en un país que ya venía tensionado institucionalmente.

El caso del cabo Sebastián Zamora llevó esta lógica al extremo.

En 2020, durante un operativo en el puente Pío Nono, un joven cayó al río Mapocho mientras huía; bastaron unas pocas imágenes mal contextualizadas para que gran parte de la prensa sentenciara que “Carabineros lanzó al menor”, sin esperar peritajes completos ni revisar todos los ángulos disponibles. A partir de ahí, Zamora dejó de ser un imputado con presunción de inocencia y pasó a ser un símbolo listo para ser explotado: el rostro de la “represión brutal” que tantos panelistas necesitaban para validar su relato sobre el estallido. Los matices –la situación de caos, las órdenes operativas, los antecedentes del funcionario– quedaron fuera de cuadro porque estorbaban a la emoción dominante.

La historia posterior es conocida, pero se contó en voz baja. Tras meses en prisión preventiva y un linchamiento público incesante, Zamora fue absuelto por la justicia, que no encontró pruebas de un empujón deliberado. La misma prensa que había repetido sin descanso que “lanzó al menor” trató la absolución como una nota lateral, sin siquiera acercarse al nivel de exposición que tuvieron las acusaciones iniciales. No hubo mea culpa en serio, ni editoriales reconociendo el daño personal e institucional causado, ni una reflexión honesta sobre cómo se llegó a condenar a alguien desde el estudio de televisión antes de que hablara el tribunal. Ese silencio dice más sobre el estado del periodismo chileno que cualquier discurso solemne del Día de la Prensa.

Mientras tanto, la realidad siguió su curso y pasó por encima del relato.

Tras el estallido, los delitos graves se dispararon, el narcotráfico se consolidó en territorios donde el Estado retrocedió y la confianza en las instituciones se desplomó a niveles históricos. Los datos sobre carabineros asesinados, miles de funcionarios heridos, cuarteles atacados y pequeños negocios destruidos no aparecen como parte central del “cuento” que la prensa insiste en narrar, pero sí se sienten en las poblaciones, en las ferias, en los barrios donde la gente debe negociar día a día con la delincuencia. La desconexión entre lo que se sufre en la calle y lo que se ve en pantalla es una de las razones de fondo de la crisis de credibilidad mediática.

No sorprende entonces que estudios internacionales muestren a Chile con niveles de confianza en las noticias en torno a un tercio de la población, mientras crece de forma sostenida el porcentaje de personas que directamente evita informarse porque percibe las noticias como sesgadas, deprimentes o manipuladas. Sin embargo, en vez de mirarse al espejo, los medios prefieren culpar a TikTok, X o los “algoritmos” de la desinformación, como si la raíz del problema no estuviera también en sus propias líneas editoriales, en sus titulares militantes y en su negativa sistemática a cubrir realidades incómodas para su burbuja ideológica. Es más fácil denunciar a los “influencers” que reconocer que buena parte de la audiencia los abandonó porque se cansó de ser tratada como menor de edad.

En este contexto, el desenlace político del caso Zamora es especialmente elocuente. Que el mismo ex carabinero que fue presentado como emblema de la brutalidad policial termine siendo elegido diputado por un distrito numeroso no es sólo una anécdota, sino un mensaje directo a la élite mediática. Para muchos votantes, apoyarlo no significa necesariamente compartir cada una de sus posiciones, sino expresar un rechazo visceral a quienes lo crucificaron públicamente sin prueba suficiente y después fingieron que nada había pasado cuando los tribunales lo absolvieron. Es, en el fondo, un voto de desconfianza hacia la prensa que se arrogó el derecho de dictar sentencias morales sobre los demás, pero nunca sobre sí misma.

El periodismo chileno está, por tanto, en una encrucijada.

Puede seguir refugiándose en la coartada fácil de que “la gente se informa mal por culpa de las redes”, mientras profundiza su giro activista y pierde relevancia hasta convertirse en un nicho para convencidos. O puede hacer algo mucho más difícil y necesario: recuperar la relación con la realidad, renunciar al confort de las narrativas cerradas, volver a verificar antes de acusar, y atreverse a mostrar tanto la represión ilegítima como la violencia callejera, tanto los abusos del poder como la destrucción que ejercen quienes quieren apropiarse del espacio público a punta de fuego y piedras.

Si los periodistas no están dispuestos a dar ese giro, entonces lo honesto sería abandonar el disfraz. Que se declaren activistas, propagandistas o militantes con cámara, y que dejen de reclamar un monopolio moral sobre la verdad que hace mucho tiempo dejaron de merecer. Porque mientras insistan en jugar a la vez a fiscales, jueces y parte, seguirán confirmando la intuición creciente de la ciudadanía: que el verdadero triunfo de la desinformación en Chile no está en TikTok, sino en los noticiarios de siempre.