La caza de brujas se abre y todos quieren un pedazo de la torta

Miguel Angel Ducci CEO , Founder & Editor El Ciudadano Digital-

El conflicto judicial entre empresas editoriales y compañías de inteligencia artificial suma un nuevo capítulo de gran relevancia. Encyclopaedia Britannica, junto con su filial Merriam-Webster, presentó una demanda contra OpenAI ante un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York el 13 de marzo de 2026. En ella, acusan a la empresa de utilizar sin autorización contenido protegido para entrenar sus modelos y de reproducir posteriormente fragmentos de ese material en las respuestas generadas por ChatGPT.

Este caso pone en el centro del debate a dos referentes históricos en el ámbito de la información confiable. No se trata de actores editoriales comunes, sino de instituciones cuya reputación se fundamenta en la precisión, la autoridad y la verificación de sus contenidos. Por ello, la controversia no se limita únicamente al uso de textos en procesos de entrenamiento, sino también al impacto que puede tener en su imagen cuando una IA produce respuestas incorrectas o incompletas que se asocian indirectamente con sus marcas.

Según la denuncia, Britannica afirma que OpenAI habría utilizado cerca de 100.000 artículos, definiciones y entradas enciclopédicas para entrenar sistemas como GPT-4. Además, sostiene que ChatGPT puede generar respuestas que imitan, condensan o reformulan de manera muy cercana sus contenidos originales, lo que constituiría una violación directa de derechos de autor y una posible desviación de tráfico y valor económico desde sus plataformas hacia la de OpenAI.

Dos pilares legales: derechos de autor y uso de marca

El caso se sustenta en dos fundamentos jurídicos principales. El primero es la infracción de copyright bajo la legislación estadounidense. Las demandantes argumentan que OpenAI habría vulnerado sus derechos en múltiples etapas, al recopilar los datos, al emplearlos para entrenar sus modelos y al generar respuestas que reflejan fielmente el contenido protegido. Es decir, la acusación no se limita al proceso de obtención de datos, sino que también abarca el resultado final visible para los usuarios.

El segundo eje está relacionado con el uso de marcas. Según la demanda, cuando ChatGPT presenta respuestas que pueden asociarse, de forma directa o indirecta, con Britannica o Merriam-Webster, existe el riesgo de confundir al usuario, especialmente si dichas respuestas contienen errores o imprecisiones. Desde esta perspectiva, el problema no solo radica en el aprovechamiento del contenido, sino también en el uso implícito de la credibilidad de estas marcas para validar información que no ha sido supervisada por ellas.

Este aspecto es particularmente sensible para Britannica, cuya reputación se ha construido durante más de dos siglos en torno a la fiabilidad editorial. La demanda enfatiza que vincular ese prestigio con contenido generado por IA, que puede ser erróneo, podría generar un daño que trasciende el ámbito del copyright, afectando directamente la confianza del público.

El trasfondo: el valor económico del conocimiento

Más allá de lo legal, el caso refleja una preocupación creciente en el sector editorial, pues las empresas de IA estén capturando el valor de contenidos costosos, de los cuales no han movido ni una neurona y cobran al usuario por ello, produciendo grandes utilidades sin compensar a sus creadores. Britannica sostiene que si los usuarios obtienen respuestas directamente desde ChatGPT basadas en su material, disminuye la necesidad de visitar sus plataformas, lo que impacta negativamente en sus ingresos por suscripciones, publicidad y licencias.

Aunque este argumento ya ha sido planteado en otros casos, aquí adquiere mayor peso debido al perfil del demandante. Algunos analistas describen esta situación como una “canibalización” del tráfico, lo que desplaza el debate hacia una cuestión práctica; si la IA sustituye el acceso al contenido original, ¿está debilitando el modelo económico que sostiene su producción?

Este litigio se suma a una ola más amplia de demandas contra empresas de inteligencia artificial por cuestiones de propiedad intelectual. OpenAI ya enfrenta acciones similares por parte de otros creadores y editoriales, lo que incrementa la presión sobre cómo estas compañías obtienen, utilizan y monetizan los datos. De hecho, Britannica ya había iniciado en 2025 una acción legal contra Perplexity AI por motivos similares.

La defensa de OpenAI

Hasta ahora, OpenAI no ha emitido una respuesta específica sobre este caso, manteniendo su postura general en litigios similares. La empresa, respaldada por Microsoft, sostiene que sus modelos se entrenan con datos disponibles públicamente bajo el principio de “uso legítimo” o fair use, un argumento central en esta disputa entre la industria tecnológica y los propietarios de contenido.

Sin embargo, cada nueva demanda incrementa tanto el riesgo legal como la presión reputacional y comercial sobre la compañía. En paralelo, las empresas de IA han intentado establecer acuerdos con medios y titulares de derechos para reducir conflictos, aunque este caso demuestra que no todas las organizaciones están dispuestas a optar por la negociación.

Un caso con posibles implicaciones mayores

Este conflicto podría tener consecuencias más amplias de lo que parece. No solo enfrenta a OpenAI con otra entidad editorial de prestigio, sino que introduce una dimensión particularmente delicada, la relación entre precisión, reputación y contenido generado por IA. Si el tribunal considera que estas tecnologías no solo reproducen contenido, sino que también pueden dañar la reputación de fuentes históricas al asociarlas con errores, el impacto podría extenderse a toda la industria.

Queda por ver si el caso se resolverá mediante un acuerdo o si se convertirá en un precedente clave en los tribunales de Nueva York. Lo que ya resulta evidente es que las editoriales con marcas sólidas no están dispuestas a permitir que sus contenidos sean utilizados como insumo gratuito para la inteligencia artificial generativa. Esta resistencia podría influir significativamente en el futuro legal y económico del sector.

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