Kameron Drake. -Analista Político de El Ciudadano Digital–
23 de marzo de 2026: El Gobierno de Hong Kong modificó este dia las reglas de aplicación vinculadas a la ley de seguridad nacional, introduciendo nuevas facultades para las fuerzas de seguridad en este tipo de pesquisas. Según recoge el Consulado General de Estados Unidos en la ciudad, desde ese momento negarse a facilitar contraseñas o asistencia de descifrado puede constituir una infracción penal. La obligación no se limita a entregar un código, sino que incluye métodos de descifrado y la asistencia necesaria para acceder a la información contenida en celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos en investigaciones relacionadas con la seguridad nacional.
Alcance de la medida.
No se trata de una cuestión reservada a residentes de origen estadounidense o a perfiles especialmente expuestos. El cambio afecta a cualquier persona en la ciudad, incluidos ciudadanos extranjeros, y también a quienes llegan o simplemente están en tránsito por el aeropuerto internacional. Al mismo tiempo, la información recogida por Euronews precisa que la medida opera en investigaciones conectadas con la ley de seguridad nacional y que alcanza no solo al propietario del dispositivo, sino también a quien lo controle, esté autorizado a acceder a él o conozca las claves necesarias para desbloquearlo.
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Consecuencias legales
La negativa a colaborar no se queda en un choque administrativo, sino que puede derivar en sanciones penales concretas. Negarse a facilitar las contraseñas o la asistencia requerida puede conllevar hasta un año de prisión y una multa de hasta 100.000 dólares de Hong Kong (unos $11.000 millones de pesos chilenos). El escenario se endurece aún más si la persona proporciona información falsa o engañosa, ya que en ese caso las penas pueden alcanzar hasta tres años de cárcel y multas de hasta 500.000 dólares de Hong Kong (unos $59.000 millones de pesos chilenos).
Más allá de la contraseña.
El alcance de la reforma no se limita al acceso puntual a un dispositivo. Las autoridades cuentan ahora con mayor capacidad para incautar y conservar celulares, computadores, tablets u otros equipos personales como prueba si alegan que están vinculados a delitos de seguridad nacional. A esto se suma otro elemento relevante recogido por el mencionado medio: la obligación de colaborar puede imponerse incluso cuando existe un deber de confidencialidad u otras restricciones sobre la divulgación de información, como en el caso de periodistas, médicos o abogados.
Contexto
Las autoridades de Hong Kong sostienen que estas herramientas son necesarias para prevenir, reprimir y castigar actividades que pongan en riesgo la seguridad nacional, y defienden que las reglas respetan la Ley Básica y las protecciones en materia de derechos humanos. Frente a esa posición, Reuters recoge la crítica de la jurista Urania Chiu, investigadora y profesora de Derecho en Reino Unido, que considera desproporcionado otorgar poderes tan amplios a las fuerzas de seguridad sin autorización judicial. Ahí es donde esta reforma deja de ser un simple cambio procedimental y pasa a reabrir el debate sobre privacidad, comunicaciones y libertades.
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